Rentas justas, consecuencias injustas
En segundo lugar, se limitarían las garantías exigibles y se prohibiría trasladar al inquilino los gastos de pólizas jurídicas. En tercer lugar, los contratos, que tendrían una duración mínima de un año, deberían registrarse en un sistema administrado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), dentro de plazos perentorios.
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